Un ‘basta ya’ a las empresas que expolian territorios indígenas

Hidroelécrica de ACS en Río Cahabon © Pedro Armestre/ Alianza por la Solidaridad

ROSA M. TRISTÁN

La primera vez que escuché hablar de Responsabilidad Social Corporativa fue hace
más de 25 años. Estábamos entonces en plena vorágine de crecimiento económico
y hablar de límites planetarios, de cambio climático, incluso de derechos humanos
ligados al medio ambiente, era casi una excentricidad. Un cuarto de siglo después,
el comercio global que ya despuntaba, se ha convertido en un sistema global, según
el cual todo viaja de un lado a otro del globo terráqueo sin más límites que el que
se pone a los pobres. Movemos la tierra y el agua, en forma de frutos o carne,
peces, combustibles, minerales, arena… Cambiamos el curso de los ríos y acabamos
con cualquier ser vivo que se oponga a nuestros deseos.

Todo ello se hace, mayoritariamente, gracias a la acción de empresas que en forma
de grandes compañías acuden a los foros globales cargadas de discursos, mientras
siguen aumentando sus cuentas de beneficios, ya nos caiga encima una pandemia o
una guerra. Aquella RSC que hace décadas nos presentaban hoy se ha convertido,
en la mayoría de los casos, en un ‘lavado de cara’ que tiene más que ver con el
marketing que con un compromiso real con los derechos humanos y ambientales.
Estos días de atrás, el grupo de expertos independientes InfluenceMap revelaba
que sólo 11 de las 30 entidades financieras más importantes han tomado medidas
que favorezcan reducir emisiones de efecto invernadero para 2030, pese a que se
comprometieron a ello en la Cumbre del Clima de Glasgow, el pasado año.

Pero no todo es cambio climático, que también, sino que esta forma de dar la vuelta
a las condiciones de la atmósfera en la que evolucionó la vida y aumentó en
número la especie humana, es como la puntilla de un baño ácido que recubre
infinidad de proyectos ‘de desarrollo’ hoy en marcha, algunos seguramente
financiados por esos mismos bancos, que llegan a los territorios más desprotegidos
del mundo y se hacen fuertes a base de corruptelas y leyes que en Europa serían
impensables. En España tenemos un buen ‘puñado’ de casos, investigados
exhaustivamente por ONG como Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Greenpeace
y otras, que nos dicen que la cacareada RSC no siempre es como nos la pintan.
Casos en los que comunidades indígenas y campesinas se ven impotentes para
reclamar daños y perjuicios por un derrame, una hidroeléctrica que les deja sin río,
un monocultivo que arrambla con su agua potable, una pesquería que acapara su
alimento…. Eso si, todo con el beneplácito del gobierno de turno, sea éste de
Guatemala, México, Honduras o, hasta ahora, Colombia. Y son ejemplos de
América Latina, donde nuestro país es el segundo inversor del mundo, después de
Estados Unidos, pero los hay de otros continentes.

Ante esta situación de despojo, que además genera cientos de víctimas mortales
entre las personas defensoras de sus derechos -227 en 2020- , y miles de
detenciones y decenas de miles de amenazas y acosos que no saldrán nunca en
ninguna noticia, toma especial relevancia la iniciativa lanzada hace unos días por la Plataforma por las Empresas Responsables, que representa a más de 530
organizaciones de la sociedad civil española. Se trata de la campaña «Apoya una Ley
Made in Spain» y busca que con nuestras firmas, las de cientos de miles de
personas, se exija al Gobierno una ley que ponga fin a esos abusos empresariales
que hoy quedan impunes dentro de nuestras fronteras, pero mucho más fuera.
Si es verdad que tampoco es que en España sean todas responsables socialmente.
No hay más que ver lo que pasa con las compañías eléctricas, la falta de consenso
para instalar polígonos de renovables, las expropiaciones mal hechas, su maltrato a
los clientes y a quienes les proveen de sus recursos… pero los impactos se tornan
cuestión de vida o muerte cuando se trata de estados en los que los y las pobres no
figuran en ningún epígrafe de gobiernos de cuestionable ética.

Por ello, es urgente que España apruebe una ley que garantice justicia para las
personas y el medioambiente frente a estas empresas transnacionales, una
normativa que especifique requisitos claros, sólidos y exigibles para que todas
respeten obligatoriamente derechos humanos y ambientales tanto en sus negocios
concretos como en toda su cadena de valor, a la vez que se garantice acceso a la
justicia para las víctimas de sus desmanes. Y con sanciones si no se cumple, ya sea
en forma de multas económicas o excluyéndoles de los jugosos concursos públicos.
La UE ya ha dado un primer paso con una propuesta de directiva sobre debida
diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. Pero como señala Amaya
Acero, del Observatorio de RSC y coordinadora de la Plataforma por las Empresas
Responsables, “pese a ser un paso fundamental hacia la rendición de cuentas, la
conducta empresarial responsable y el acceso a la justicia, contiene ciertas fallas
que podrían hacer que la futura ley no sea realmente efectiva”. El poder de los
‘lobbies’ en Bruselas tiene la mano muy larga.
Peo no es algo nuevo. Cuando hace unos días se presentó la campaña, se dieron a
conocer los pormenores de legislaciones similares que ya existen en Francia,
desde 2017 y que en Alemania y Noruega se aprobaron en 2021. En Francia, hoy
las personas afectadas por los abusos de empresas francesas en terceros países
(como el caso del polígono eólico de EDF en México que afecta a los zapotecas o de
los supermercados Casino, que compran carne procedente de la Amazonía) pueden
ya reclamar justicia ante los tribunales franceses, y lo hacen, aunque algunos
jueces aún desconocen que ya no se trata de un asunto comercial, sino de justicia
penal. El testimonio del mexicano Eduardo Villarrea, de la ONG ProDESC , nos dejó
claro que sin esa ley, los campesinos no hubieran podido reclamar contra EDF,
como si hicieron . Al final, el Gobierno quitó la licencia y se salvaron miles de
hectáreas de territorio en Oaxaca.

En el caso de Alemania Franziska Humbert, de Oxfam, explicaba como en este país
ley, aún pendiente de entrar en vigor, ha contado con un amplio apoyo ciudadano,
pero también empresarial, sobre todo de las compañías que ya hacen bien las
cosas de forma voluntaria y se encuentran en desventaja competitiva porque sus
costes son más altos que si arramblaran sin miramientos con todo. “Hay más de
mil grandes empresas que apoyan esta normativa y, además, conseguimos 220.000
firmas ciudadanas. Un gran éxito”, señalaba Humbert.

¿Y en España cómo va el asunto? De momento, sigue en capilla. Enrique Santiago,
secretario de Estado de la Agenda 2030 anunció una iniciativa al respecto, que se
ha incluido en la planificación anual de leyes a aprobar, y en abril hubo una
consulta pública de un anteproyecto de Ley. “Pero ahora necesitamos que se haga
realidad y llegue al Congreso para ser votada en esta legislatura. Los derechos
humanos y las víctimas no pueden esperar más” , insiste Almudena Moreno, de
Alianza por la Solidaridad-ActionAid. “Los límites de la voluntariedad se han
quedado obsoletos y mientras no tengamos esta ley, muchas comunidades verán
hipotecado su futuro. Y deberá ser una ley que no sólo permita acceder a una
reparación a las víctimas, sino que prevenga los impactos porque obligue a tener
planes de debida diligencia transparentes e independientes. Ya somos 530
organizaciones sociales pidiéndolo, pero necesitamos que la ciudadanía nos apoye
para lograrlo”, añade. De momento, mientras que nuestra ley nacional y la directiva europea no existen
seamos conscientes de que la respuesta a los desmanes de nuestras empresas
estará únicamente en sus propias manos o el quehacer de Estados que ponen el
desarrollismo por encima de lo demás. Hoy, incluso una vez contrastado que han
actuado contra la legislación internacional en derechos humanos o contra el medio
ambiente, desde España no tienen más reprimenda que las “recomendaciones” que
se les hacen desde un organismo llamado Punto Nacional de Contacto, que como
tales pueden no cumplir. Eso es lo que ocurre. Pero se merecen nuestro “¡Basta
ya!”.

(Artículo publicado en PÚBLICO.ES en junio de 2022, desaparecido tras pirateo web del medio)

Migrantes y clima: más allá del pánico

Inundaciones en Guatemala, 2022…

ROSA M. TRISTÁN

Nadie sabe cuántos son y pocos por dónde se mueven… Oficialmente, no existen
pero están y algunos, cada vez más en esta Europa del siglo XXI, sólo se les
representa como una amenaza a la que buscan hacer frente votando a partidos de
una derecha extremista y xenófoba que ni les reconoce ni les quiere. Son las
personas a las que se llama “migrantes climáticos” o “refugiados climáticos”, que
en solo 10 años ya superan los 260 millones, según la Organización Mundial de
Migraciones, pero que serán muchos más a lo largo de esta década porque la causa
principal está en ese fenómeno que transforma el clima planetario, y con él los
océanos y tierras de cultivo, que sigue imparable: el aumento de las emisiones
contaminantes de origen humano.
Un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Bolonia en
colaboración en el marco del programa europeo Climat Of Change, con la
participación de 15 ONG, entre ellas Alianza por la Solidaridad-ActionAid, destaca
las dificultades para poder discernir en las actuales migraciones humanas el factor
del clima. Es evidente que inundaciones como la que este verano ha afectado a 30
millones de personas en Pakistán implica a su vez millones de desplazamientos,
casi siempre a lugares cercanos y puntuales, aunque también las hay permanentes.
Pero luego está ese flujo menos abrupto y más constante que sequías, cambios del
ciclo de las lluvias, aumentos del nivel del mar u olas de calor que tienen lugar en
países donde buena parte de la población está sometida, además, a otros procesos
que la emergencia global de clima potencia y que afectan a su economía de
subsistencia, situándoles en un escenario de vulnerabilidad extrema.

¿Son entonces migrantes del clima o no lo son? Esta cuestión se aborda en el
informe “¿Más allá del pánico?” a través del análisis de los desplazamientos
climáticos en cuatro países -Senegal, Guatemala, Camboya y Kenia- recoge
testimonios de afectados, como el resultado de grupos de discusión con
especialistas, diarios climáticos, entrevistas en profundidad y encuestas a la
población en los tres continentes.

Uno de sus resultados es que las personas de los países con menos recursos tienen
una probabilidad seis veces mayor que las de las naciones ricas de sufrir lesiones,
perder sus hogares, ser desplazadas o evacuadas o necesitar ayuda de emergencia
por catástrofes ambientales, pero casi nadie se reconoce como “migrante
climático”. Si les preguntan, aducen otros motivos políticos, económicos, sociales o
demográficos, aunque a menudo tienen detrás impactos calentamiento global,
como es la carestía de agua o la escasez tierras de cultivo.

La cuestión es que cuando se ven impelidos a migrar para sobrevivir, el panorama
al que se enfrentan tiene muy poco que ver con el que había en cambios climáticos
del pasado remoto, cuando los humanos, ancestros y de nuestra especie, se movían por el planeta: chocan con las fronteras y los visados. Hoy, la desigualdad de acceso
a la movilidad condenan a buena parte de la Humanidad a no poder escapar de una
crisis. Un ejemplo es clarificador: si una persona de España tiene ‘visa libre’ para
entrar en 117 países; una de Senegal sólo puede hacerlo en 30, la mayoría
africanos.

Veamos cómo se vive en este país africano, que hoy es lugar de origen y de tránsito
para muchos de los migrantes que llegan a Europa. Tal como señala la
investigación de Bolonia, el 65% de la población de Senegal vive su costa, pero es
el octavo país del mundo con más riesgo por aumento del nivel del mar. Hay aldeas
cercanas a la ciudad de Sant Louis, en la Langue Barberie, que ya están bajo las
aguas y se calcula que en 60 años lo estará el 80% de esa ciudad, Patrimonio de la
Humanidad, de la que tendrán que salir 150.000 de sus habitantes . ¿Hacia dónde?
Pero Senegal no sólo se enfrenta a los impactos del nuevo clima. También a un
desarrollo urbanístico caótico y muy rápido, que aumenta al albur de los
desplazamientos desde el interior rural y a un grave deterioro de las pesquerías,
de las que viven unas 600.000 personas (el 15% de la población activa).

En parte, este deterioro es debido a que el calentamiento global genera cambios de las
corrientes oceánicas, afectando a las migraciones de los peces, pero también a que
grandes buques industriales acaparan y explotan sus caladeros, debido a
convenios internacionales, abocando a muchos pescadores a emigrar rumbo a
Europa: el convenio entre la UE y Senegal firmado en pasado señala que barcos
europeos pueden pescar 14.000 toneladas de peces; entre otros, 23 atuneros, cinco
palagraneros y dos grandes buques arrastreros de merluza con bandera de España.
La situación de las ‘migraciones climáticas’ en un país como Guatemala tiene otros
condicionantes. En el llamado Corredor Seco, el país es de los 10 más vulnerables
del mundo al cambio climático, al que se enfrenta con un 70% de su población por
debajo del índice de pobreza y unas élites políticas y económicas muy corruptas.
Zonas como las de Totonicapán, son especialmente vulnerables a fenómenos
extremos como olas de calor, sequías y trombas de agua, que se suceden donde
está asentada una actividad minera y agroindustrias que acaparan el agua: en
Totonicapán seis de cada 10 libros de agua se destinan a grandes plantaciones de
caña de azúcar, aceita de palma y plataneras. El último desastre ha sido el huracán
Julia, que ha inundado el municipio tras desbordar el río. Se calcula que a su paso
ha el Julia ha dejado en el país 463.000 personas afectadas, 13 personas fallecidas
y 500 casas destruidas.

El clima afecta pero ¿Y la deforestación desatada para promover monocultivos en
lugares donde más del 40% de la población (casi todos indígenas) no tiene
tuberías de agua potable en sus viviendas? ¿Se enfrentarían mejor a las catástrofes
con políticas que impidieran el acaparamiento del agua? Lo que se sabe es que, a
falta de trabajo, se calcula que un 10% de la población de Totonicapán tiene que
migrar temporalmente a lo largo del año y que el 22.5% lo hacen al extranjero,
para lo cual se endeudan en créditos que les atrapan de por vida por las continuas
devoluciones en las fronteras del norte (Estados Unidos, principalmente.
Battambang está al norte de Camboya, no lejos de la frontera con Tailandia. Hace

15 años, cuando visité la zona, me sorprendió la cantidad de selva que caía a
machete y fuego en la zona para crear tierras de cultivo. No me sorprende leer en
esta investigacion que sólo entre 2010 y 2016 la cubierta vegetal del país perdió
más de un 10% (ya es sólo el 46%, en un país tropical). A estos problemas de
deforestación, en gran medida ilegal y sin control, se añaden unas lluvias erráticas,
efecto del calentamiento global.

En esta zona, son muchos los que viven del lago y el río Tonle Sap, único del mundo
con un flujo bidireccional en función de la estación: cuando llega el monzón, las
lluvias intensas revierten su flujo y envían el agua, los peces y sus huevos desde el
sistema del río Mekong al lago, mientras que durante la estación seca y el Tonle
Sap vierte en el río. Es un delicado equilibrio, pero está en crisis por la
construcción de presas, la explotación maderera irregular y, ahora también, el
cambio climático. Los bosques inundables ya no se inundan y la pesca baja. Muchas
familias están vendiendo sus pequeñas tierras o pidiendo microcréditos para
pagarse el coste de migrar temporalmente a Tailandia. Al final, las malas cosechas,
de arroz fundamentalmente, se repiten y el retorno es en forma de divisas, no de
personas.

En recorrido acaba en Kenia, noticia cada día más frecuente por la continuidad de
las sequías o las inundaciones. Desde tiempos remotos ha habido pastoreo nómada
en Kenia, pero es que ahora están aumentando los desplazamientos y los pastores
no tienen donde ir. En algunos lugares, proyectos de protección de la fauna salvaje
les afectan y lugares a los que iban, como el Condado de Isolo, ya no tiene
capacidad para acogerles. Allí, la sequía y las lluvias impredecibles han afectado
negativamente a las cosechas y han aumentado la mortalidad de las
reses. Los conflictos por los recursos son continuos y a más violencia, más
inseguridad alimentaria. Muchos son los que se quejan de que su Gobierno no esté
implementando medidas para paliar los impactos del cambio climático y en las
encuestas aseguran que migrarían fuera si pudieran para aprender técnicas con las
que adaptarse a las nuevas circunstancias.

El informe “¿Más allá del pánico?” incluye recomendaciones a nivel internacional, nacional y local en torno a migraciones que, indudablemente, están afectadas por el clima, pero no solamente.
Una de ellas es mejorar las rutas migratorias y el derecho a la movilidad de las
personas (recordemos en España tenemos casi medio millón de personas
migrantes sin regularizar), pero también hay que mejorar y compartir las
tecnologías de adaptación a nuevo clima. Es evidente que los estados que más han
contribuido a estas situaciones, tienen que asumir su responsabilidad, pero no sólo
por el haber trastocado la vida en toda la Tierra en apenas unas décadas, sino
porque esa acción humana ha sido acompañada de otras igualmente perniciosas,
como es modificar el curso de los ríos, destruir los bosques para monocultivos,
contaminar los flujos de agua, cavar minas y generar cuantiosos beneficios.

Las finanzas ‘anti-ambientales’ de China por el mundo

Un estudio en ‘Nature’ revela gran parte de los créditos de bancos chinos, por valor de casi 500.000 millones de dólares, se destina a obras de ‘desarrollo’ que dañan la biodiversidad y las tierras indígenas

ROSA M. TRISTÁN

Raro es visitar hoy un país del hemisferio sur, especialmente de América Latina o África, donde China no tenga presencia. Si en el pasado fueron Europa y luego los Estados Unidos quienes pusieron el mundo del sur a su servicio, permitiendo así el desarrollo económico del que aún gozan, ahora el gigante de Asia se ha convertido en uno de los mayores prestamistas de mundo de carreteras, ferrocarriles, centrales eléctricas o grandes presas allá donde le llaman.

Un estudio publicado en la revista científica Nature ha examinado cómo estos proyectos tienen lugar en zonas de alto riesgo para la biodiversidad y las tierras de los pueblos indígenas, sin que los impactos ambientales y los derechos vulnerados sean tenidos en cuenta. En definitiva, el ‘modus operandi’ sigue siendo el mismo desde el siglo XIX para las ‘nuevas’ potencias económicas.

El trabajo, dirigido por Kevin Gallagher, de la Universidad de Boston, se centra en los proyectos de desarrollo financiados por China entre 2008 y 2019 fuera de sus fronteras. En total, han rastreado 859 préstamos internacionales en 93 países otorgados por los dos principales bancos chinos, el CDB y CHEXIM, por valor de 462.000 millones de dólares. En 594 de estos préstamos se han cartografiado las zonas donde tienen lugar (marcados con puntos, líneas o polígonos en el mapa que acompaña esta noticia).

Pues bien, en esa década, el 63% de los proyectos financiados por China están en hábitats críticos, protegidos o de tierras indígenas, con hasta un 24% de las aves, mamíferos, reptiles y anfibios amenazados del mundo potencialmente afectados. Son proyectos que se concentran, principalmente, en África Central, el sudeste asiático y partes de América del Sur, especialmente la cuenca amazónica. Apuntan los científicos que “en general, estos proyectos de desarrollo de China plantean mayores riesgos que los del Banco Mundial, particularmente los del sector energético”, aunque éste tampoco se libra de las críticas. “Estos resultados proporcionan una perspectiva global de los riesgos socioecológicos que existen y pueden servir para orientar estrategias para ecologizar la financiación del desarrollo de China en todo el mundo”, proponen Gallagher y sus colegas. El hecho de que China ya cuente con instrumentos aprobados que, supuestamente, defienden el desarrollo sostenible, no da alas al optimismo de que vayan a hacerlo.

Los territorios indígenas, a tenor de estos resultados, están siendo especialmente afectados. Ocupan el 28% del planeta, el 40% de las áreas protegidas terrestres y el 37% de los bosques intactos, pero a falta de ser reconocidos sus derechos de forma eficaz (en realidad, el convenio 169 de la OIT habla de esos derechos), los proyectos de desarrollo se implantan sin su consentimiento generando no sólo conflictos sociales, económicos y políticos, como señala la investigación, sino persecución y muerte de sus líderes.

En Nature demuestran que los bancos de China están atrayendo a los proyectos de más riesgo, evidentemente porque tienen menos reparos éticos que otros, y les recomiendan tomar medidas que eviten estos impactos, como sería proporcionar asistencia técnica a los países anfitriones que no pueden evaluar y monitorear los riesgos ambientales y sociales de los proyectos. Es más, señalan que aunque pudieran tenerse en cuenta algunas medidas de mitigación o algún beneficio a las comunidades, hay que tener en cuenta consecuencias menos visibles y muy graves en áreas con riesgos excepcionales. Incluso denuncian que aumentan a tal ritmo estos proyectos de desarrollo que los daños a la biodiversidad o los conflictos sólo se documentan después de realizados. De hecho, ni siquiera los bancos tienen personal para ello. El CHEXIM’s, con más activos que el Banco Mundial, sólo cuenta con 3.000 empleados, menos de la quinta parte que el BM.

Pero además de más personal, proponen otras soluciones, como contar con los conservacionistas a la hora de identificar proyectos y, si ya están en marcha, monitorizar y mitigar los impactos, como es el caso de una carretera que pueda expandir la frontera agrícola en zona boscosas. También apuntan que debieran utilizarse herramientas como el mapa global de riesgos que ha elaborado este grupo de científicos, si bien reconocen que es precisa una evaluación in situ para comprobar los riesgos no visibles, y considerar factores como qué se construye, cómo se gestiona o que medios de vida o prácticas culturales hay en la zona.

No deja de ser llamativo que el 38% de los proyectos financiados por China estén a menos de un kilómetro de hábitats críticos, protegidos o indígenas (70.000 km2 ) y si ampliamos el círculo a 25 kms, son 1.710. 000 km2. De todo ello, las tierras indígenas son el área más grande en riesgo (el 20%) mientras que las protegidas son el 6%. Al margen del impacto humano, habría 1.114 especies de las 7.000 amenazadas en el planeta que están en estas zonas de potenciales impactos.

Por continentes, señalan que las zonas más amenazadas (un 4,6% de la superficie terrestre) se concentran en el sudeste asiático, la cuenca del Amazonas y la zona al sur del Sáhara. Incluso en países donde, en general, el riesgo para los pueblos indígenas sería bajo, como Mali, Nigeria, Chad , Irán, Egipto o Namibia, los prestamos chinos están justamente en zonas de alto riesgo. Y lo mismo ocurre con áreas de gran biodiversidad en Benin o Bolivia.

La comparativa con el Banco Mundial en esta década, indican que en lo que se refiere a los indígenas, ambos mecanismos financieros les ponen igualmente en riesgo, salvo si son proyectos energéticos, donde China parece que es más dañina.

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Indígenas: cuidadores de la Amazonía desde hace 5.000 años

Una investigación revela que en el pasado los amazónicos sólo modificaron de forma intensa las zonas fértiles cercanas a los ríos para asentarse

Rosa M. Tristán

Son muchos los estudios científicos que nos dicen que los pueblos indígenas son excelentes guardianes de la biodiversidad cuando mantienen su forma de vida tradicional, especialmente en lugares como la Amazonía, donde hay aún grandes espacios sin ‘reconvertir’ en pastos para vacas. Ahora, se ha dado a conocer que esta capacidad de preservar el entorno –eso si, siempre que estos pueblos no sean ‘colonizados’ y atraídos por otros modos de vida – perdura desde hace milenios, al menos 5.000 años en el caso de esa zona del mundo que sigue siendo un lugar privilegiado pese a las amenazas que se ciernen sobre la inmensa selva sudamericana.

Un trabajo liderado por científicos del Instituto Smithsonian de EEUU ha encontrado evidencias de cómo los pueblos amazónicos prehistóricos no alteraron de forma significativa grandes partes de los ecosistemas forestales en la Amazonía occidental, preservándolos de forma efectiva sin cambios en su composición, unas conclusiones que desmiente estudios previos que apuntaban a que en el pasado estos pueblos fueron moldeando la rica biodiversidad actual o que fue reforestada tras un periodo de cambio climático.  

Los autores señalan que sus nuevos datos pueden ser claves para la conservación de los ecosistemas amazónicos, siempre, claro está, que poderes económicos y políticos lo permitan, algo que en Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia o Venezuela no está nada claro. Es más, no hay más que mirar a la web brasileña de Amazonía Sofocada para comprobar que mientras está leyendo esta noticia hay cientos de incendios en gran parte de esa cuenca y se sabe que prácticamente todos son premeditados.

Volviendo a la zona más inalterada, la distribución de las especies de flora había hecho pensar a algunos científicos que la selva había sido “modelada” de forma intensa por los indígenas precolombinos en función de sus intereses; otros mencionaban como origen de su estado actual el impacto de la llamada Pequeña Edad de Hielo o incluso el hecho de que muchos de los amazónicos murieran tras la llegada de los colonizadores europeos. Veían ahí la explicación a unas supuestas transformaciones. Pero se equivocaban en la premisa, según los resultados publicados estos días en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), donde se sugiere que durante al menos los últimos 5.000 años todas las áreas alejadas de las tierras junto a los ríos se quedaron intactas, sin ser prácticamente deforestadas con fuego, el mismo método que ahora las destruye, y sin ser cultivadas intensivamente.

Como explica en un comunicado del Smithsonian la autora principal, Dolores Piperno, “los asentamientos humanos complejos y permanentes en la Amazonia no tuvieron influencia sobre el paisaje en algunas regiones”. “Nuestro estudio añade evidencias de que la mayor parte del impacto ambiental de la población indígena en el medio forestal se concentró en los suelos ricos en nutrientes cercanos a ríos y que su uso de la selva tropical circundante era sostenible, sin causar pérdidas de especies detectables o perturbaciones durante milenios”.

Para explorar la escala de la posible, o no, modificación indígena de la Amazonía, Piperno y sus colegas recogieron 10 núcleos de suelo (perforaciones de aproximadamente un metro de profundidad) en tres lugares remotos de las cuencas hidrográficas del Putumayo-Algodón, al noroeste de Perú. Querían analizar los fitolitos (microfósiles de plantas mineralizadas) y el carbón vegetal u hollín que se ha acumulado a lo largo del tiempo bajo los bosques más antiguos (los alejados de riberas y que no eran inundables). Esos ‘núcleos de tierra’ les permitieron profundizar en un pasado que se remonta unos 5.000 años, según dataron con carbono 14.

Comprobaron, tras comparar los registros de las muestras halladas con un inventario de árboles, que no había nada que indicara que hubo talas ni un uso agrícola anual que hubiera dejado raíces o semillas. Ni siquiera detectaron un aumento importante de especies de palmeras que eran aprovechables y que hoy son muy dominantes en la flora moderna, es decir, que hace cinco milenios nadie las cultivó. Y lo mismo pasa con otros árboles: a lo largo del tiempo encontraban la misma estructura forestal, estable y diversa.

“Nuestros datos respaldan algunas investigaciones anteriores que indican que áreas considerables de algunos bosques de tierra firme amazónicos no fueron impactadas significativamente por las actividades humanas durante la era prehistórica. Más bien parece que durante los últimos 5.000 años, las poblaciones indígenas de esta región coexistieron y ayudaron a mantener grandes extensiones de bosque relativamente sin modificar, como continúan haciéndolo hoy”, apuntan los autores.

Los tres lugares estudiados están ubicados a un kilómetro de los cursos de los ríos y las llanuras aluviales. Son bosques interfluviales que en realidad suponen más del 90% de la superficie del Amazonas y, por lo tanto, cruciales para comprenden la influencia de los asentamientos humanos que los arqueólogos encuentran cerca de los ríos, como, por otro lado, es natural en todas las civilizaciones. En un lugar donde llueve en grandes cantidades, el fuego ha sido casi siempre de origen humano y, de haberse usado para limpiar grandes áreas, para usos como la agricultura y los asentamientos, habría dejado su huella.

Los investigadores también realizaron estudios de los bosques modernos que se encuentran en el entorno de cada muestra extraída, un inventario extraordinario de 550 especies de árboles y 1.300 de otras especies de flora, que dan idea de la biodiversidad amazónica. «Pero no encontramos evidencias de plantas de cultivo o agricultura; no hay evidencia de tala de bosques ni de incendios; no hay prueba alguna del establecimiento de jardines forestales. Es similar a lo que se encuentra en otras regiones amazónicas «, señala Piperno.

A tenor de estos datos, podemos decir que todavía hoy existen regiones en la selva muy parecidas a las que había hace esos 5.000 años, incluso que permanecen totalmente inalteradas. «Esto significa que los ecólogos, científicos del suelo y climatólogos que buscan comprender la dinámica ecológica y la capacidad de almacenamiento de carbono de esta región pueden estar seguros de que están estudiando bosques que no han sido muy modificados por los humanos sustancialmente», afirma la investigadora.

Pero también alerta de que, por otro lado “no debemos asumir que los bosques alguna vez fueron resilientes frente a perturbaciones importantes», es decir, que más vale conservarlos con las políticas adecuadas porque su respuesta ante la destrucción y su capacidad de recuperación es desconocida.

La explicación que encuentran para que los precolombinos no usaran ese suelo alejado de ríos es que tiene pocos nutrientes, por lo que es poco agradecido para los cultivos, algo que ahora se solventa con la utilización de fertilizantes en el caso agrícola y robando nuevos espacios al bosque en el caso ganadero. Por desgracia, a ello se suman otras graves amenazas en la región del Putumayo, como es la minería ilegal, que está en aumento en Perú.

Para Piperno es importante hacer más trabajos en otras regiones alejadas de ríos y llanuras aluviales de la Amazonía aún no estudiadas para obtener una visión más amplia de lo sucedido en tiempos remotos. “En todo caso, no se trata de que los indígenas no utilizaran de ninguna forma el bosque, sino de que lo usaron de forma sostenible y no modificaron mucho su composición de especies», comenta. «Es un lugar donde los humanos parecen haber sido una fuerza positiva en este paisaje y su biodiversidad durante miles de años».

Desde luego, algo que no podemos decir de muchos otros sitios…