ROSA M. TRISTÁN
En la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España), que representa a unos 80.000 investigadores de todo el país, no acaban de ver por ningún lado la cacareada recuperación económica en España (aunque estos días anda en caída libre), al menos en lo que se refiere a la ciencia. Es más, la ven en unos números rojos cada vez más altos, creciendo al mismo ritmo que las grúas-torre en las costas. Esos números rojos son los 20.000 millones de euros que tiene de déficit el sistema científico español. Pero es que, además, constatan un desinterés profundo de los políticos respecto a la realidad que se vive en los laboratorios. «Antes nos veíamos con algunos políticos cuando se planteaba la negociación de los presupuestos, aunque no nos hacían mucho caso. Ahora ni eso», reconocen.
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La lista de agravios contra la investigación y el desarrollo de los gobernantes tiene tantos puntos negros que la presentación de su último informe sobre los Presupuestos Generales del Estado 2017 es como un pozo sin fondo. Entre todos los datos, llama la atención que un seis de cada 10 euros públicos (el 61,7%) destinados a la ciencia no se hayan gastado en 2016. Pareciera que los científicos no necesitan dinero. Sin embargo, resulta que un año más (porque esto viene de lejos) la mayoría de los fondos presupuestados eran créditos (en concreto, el 60%) y el minoritario resto son las subvenciones (2.612,11 M€), que son las que realmente utilizan los investigadores. Ahora bien, también sorprende mucho que un 18% de esas subvenciones se quedara en las arcas del Estado (230 millones), cuando tan bien habrían venido a los investigadores. ¿Cómo es posible? Pues porque el año presupuestario 2016 lo cerró el ministro Montoro en julio, dejando a muchos científicos en la estacada.
El informe también entra en el asunto de si las cifras confirman que la «ciencia es una prioridad» . Si partimos de que el dinero total disponible es de 6.513,7 millones y de que sólo ha habido para este año 84,18 más que el anterior (un 1,3%) es fácil de entender su desesperación. Ese aumento es menos que la inflación prevista (1,9%), por lo que en realidad no es un aumento sino una disminución. «Es otro año perdido», señalaba José de Nó, tras mostrar una sucesión de gráficos en las que se veían en caída los recursos públicos.
Pero no sólo los proyectos tienen menos, sino que los organismos públicos de investigación (OPIS) también han sufrido recortes. El que más el INIA, de un 32%, pero también el Instituto Español de Oceanografía (un 7%), el IGME (un 4,1%), el Ciemat (un 2,7%)… y otros muchos aparentemente se han quedado como estaban en 2016, lo que quiere decir que también pierden. Crecer en fondo, no crecen en ninguno. Sin ir más lejos, el CSIC, que representa casi la mitad de todos, vió desaparecer este año casi 6 millones de euros (un 0,95%) de su ya escuálida cuenta presupuestaria.
Más allá de las funestas cifras, COSCE no oculta el desencanto con la ansiada Agencia Estatal de Investigación, que iba a librar a la ciencia de una burocracia con la que casa tan mal la ciencia y la innovación. De momento, parece que no es ese su objetivo. Las sociedades científicas denuncian que el organismo, cuya función es gestionar los fondos y paliar los trámites administrativos al sistema, se ha quedado en «una sección más de la Administración, con las mismas limitaciones que otros órganos administrativos». Total, la ciencia sigue como estaba. «El problema es que ni siquiera se detalla cuánto del presupuesto va a gestión de esa agencia y cuánto es para proyectos. Y seguimos sometiendo a la investigación a plazos que van de año en año, sin contar con que hay proyectos financiados a varios años. Si la agencia no sirve y sigue el descontrol, entonces mal vamos», reconocía otro de los autores del informe en su presentación, José Molero.
La preocupación se extiende al ámbito de la formación de investigadores. «Realmente, no hay forma de saber el presupuesto que se destina a este asunto. En cuanto a la formación de profesorado universitario (FPU) si vemos una caída del 2,2% , que aún es más grave si echamos la vista atrás y vemos de donde venimos», señalaban los representantes de COSCE tras poner otro gráfico. En él se veía como la formación de investigadores dispone hoy de 23,46 M€ menos que en 2011. «Tendríamos que recordar que es ahí donde está el futuro del país si queremos ser competitivos. Y también poner mecanismos para atraer a científicos que están fuera y «para contratar a investigadores punteros, pero no es así», reconocía Molero. «Para solucionar este panorama sería necesario que los presupuestos crecieran al año un 5%, que no es tanto si pensamos que la media del PIB destinado en la OCDE es del 3%», concluía.
Entre las soluciones, desde COSCE siguen apostando por un pacto por la ciencia, como aquel que se quiso firmar en 2013 y al que no se apuntó el PP, para que se saque a la ciencia del enfrentamiento político. Pero para ello hay que tener políticos que sepan algo de ciencia y de la gestión que lleva detrás, y eso de momento si que es ‘ciencia-ficción’ a tenor de los resultados. Por ello, otra propuesta es que en el Parlamento y en el Gobierno haya asesores científicos, al estilo del que tuvo Barak Obama (seguramente despedido por Trump) y del que tienen otros muchos dirigentes europeos. «España no asiste a foros internacionales porque no tiene esa figura que sería muy necesaria. Nosotros no queremos que los partidos pongan ideología y utilicen la ciencia para enfrentarse, como ocurre a veces, sino de que dispongan soluciones para que ésta avance en nuestro país», apuntan.
De momento, todo indica que no les tienen en cuenta ni para aquello que les afecta.
Laboratorio para Sapiens 